El decreto de expulsión de los españoles de américa

Este decreto, que en realidad consistió en diferentes leyes promulgadas sucesivamente, fue un ejemplo no solamente para los países cercanos a México, sino que se volvió una cuestión completamente continental; desde el inicio de la Independencia de México se empezaron a hacer poco a poco expulsiones de españoles de México principalmente por razones políticas, ya que los primeros a los que se expulsó del país eran aquellos que ostentaron cargos en la administración española o en la de la Nueva España.

Los dos exilios
El primer tipo de expulsión era básicamente por circunstancias de guerra, cuando los expulsados habían sido parte de la política en Nueva España o en la península ibérica y el propósito de expulsarlos era que no volviesen a tener poder alguno en el nuevo país independiente de México; poco a poco aquellos se fue convirtiendo prácticamente en alguna clase de racismo con un poco de venganza y por supuesto, gracias a las grandes riquezas sustentadas por los españoles, también con un poco de razón y es entonces que entra el segundo tipo de exilio: leyes de expulsión contra los españoles, las cuales se llevaron a cabo principalmente después de la guerra.

Este último exilio afectó en especial a dos tipos de españoles, los que en realidad sólo eran pobladores humildes y sin mucho dinero y también a los que tenían bastantes posesiones, pero decidieron arraigarlas a América, pensando en no volver a España porque ya se sentían superiores a todos los mexicanos; estos últimos perdieron mucho más, porque todas sus pertenencias de mayor importancia se encontraban en México y al momento de ser exiliados no se les permitía llevar nada de sus pertenencias, esto inició en 1824 y básicamente fue la segunda fase, porque la primera consistió en quitarle las armas a cualquier individuo español y expulsarlo del Estado militar activo, esto en 1823.

Los españoles sin trabajo
Poco a poco la cuestión avanzó y para Mayo de 1827 se promulgó una ley en la que ningún español podía trabajar, ni en cargos públicos, militares, ni civiles; en agosto de ese mismo año fue cuando se propuso la primera ley abierta de expulsión a todos los españoles, la cual ya contemplaba permitirles que sacaran un máximo del 30% de sus bienes para irse y les daban un plazo de 20 días para hacer efectiva su retirada del territorio.

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