Historia de México

El decreto de expulsión de los españoles de américa

Este decreto, que en realidad consistió en diferentes leyes promulgadas sucesivamente, fue un ejemplo no solamente para los países cercanos a México, sino que se volvió una cuestión completamente continental; desde el inicio de la Independencia de México se empezaron a hacer poco a poco expulsiones de españoles de México principalmente por razones políticas, ya que los primeros a los que se expulsó del país eran aquellos que ostentaron cargos en la administración española o en la de la Nueva España.

Los dos exilios
El primer tipo de expulsión era básicamente por circunstancias de guerra, cuando los expulsados habían sido parte de la política en Nueva España o en la península ibérica y el propósito de expulsarlos era que no volviesen a tener poder alguno en el nuevo país independiente de México; poco a poco aquellos se fue convirtiendo prácticamente en alguna clase de racismo con un poco de venganza y por supuesto, gracias a las grandes riquezas sustentadas por los españoles, también con un poco de razón y es entonces que entra el segundo tipo de exilio: leyes de expulsión contra los españoles, las cuales se llevaron a cabo principalmente después de la guerra.

Este último exilio afectó en especial a dos tipos de españoles, los que en realidad sólo eran pobladores humildes y sin mucho dinero y también a los que tenían bastantes posesiones, pero decidieron arraigarlas a América, pensando en no volver a España porque ya se sentían superiores a todos los mexicanos; estos últimos perdieron mucho más, porque todas sus pertenencias de mayor importancia se encontraban en México y al momento de ser exiliados no se les permitía llevar nada de sus pertenencias, esto inició en 1824 y básicamente fue la segunda fase, porque la primera consistió en quitarle las armas a cualquier individuo español y expulsarlo del Estado militar activo, esto en 1823.

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Los españoles sin trabajo
Poco a poco la cuestión avanzó y para Mayo de 1827 se promulgó una ley en la que ningún español podía trabajar, ni en cargos públicos, militares, ni civiles; en agosto de ese mismo año fue cuando se propuso la primera ley abierta de expulsión a todos los españoles, la cual ya contemplaba permitirles que sacaran un máximo del 30% de sus bienes para irse y les daban un plazo de 20 días para hacer efectiva su retirada del territorio.